Las claves de la Inquisición española

Aunque muchas veces se reduce su historia a relatos sobre hogueras y torturas, una mirada más completa revela una institución compleja cuya lógica interna, sus motivaciones y su impacto resultan fundamentales para comprender la España moderna. A lo largo de casi cuatro siglos de actuación, el Tribunal del Santo Oficio (Santa Inquisición) articuló prácticas inquisitoriales que respondían a retos religiosos, políticos y socioeconómicos, y dejó tras de sí un rastro de consecuencias que aún alimentan el debate historiográfico.

En sus albores, la Santa Inquisición española se definió como un organismo de control permanente, distinto de las fórmulas medievales de tribunales temporales contra herejías específicas. Convocada por los Reyes Católicos mediante la bula Exigit sinceras devotionis affectus de Sixto IV en 1478 (La bula «Exigit sinceras devotionis affectus» emitida por el Papa Sixto IV en 1478, autorizó la creación de la Inquisición en la Corona de Castilla. Esta bula permitía a los Reyes Católicos nombrar y remover inquisidores, estableciendo así el Tribunal del Santo Oficio en la península. La bula no solo buscaba combatir herejías, sino también consolidar el poder real y controlar a los conversos), su misión inicial consistió en verificar la sinceridad de la conversión de judíos y musulmanes que, tras las expulsiones de 1492 y 1502, quedaban como “cristianos nuevos” bajo sospecha constante.

Desde el nombramiento de sus primeros inquisidores en 1480 hasta la designación de Tomás de Torquemada como primer Inquisidor General al año siguiente, la Inquisición estableció procedimientos propios: la denuncia anónima obligatoria, la prisión preventiva, el interrogatorio riguroso y, bajo circunstancias muy acotadas, la tortura autorizada por bula papal desde 1252. Cada falla confesional detectada se castigaba con una cadena de penas que iba desde la imposición de penitencias públicas hasta la entrega al brazo secular para la ejecución capital, habitualmente en autos de fe masivos ante miles de espectadores.

Detrás de este aparataje judicial y religioso se encontraban causas sólidas y causas más difusas. En el plano dogmático, los monarcas católicos y el clero deseaban preservar la uniformidad de la fe como garantía de unidad política; la presencia de cristianos nuevos que, según se creía, mantenían prácticas judaizantes o islamizantes suponía una amenaza al ideal de ortodoxia. Políticamente, la Inquisición ofrecía al poder regio un mecanismo para intervenir en lo religioso sin mediación papal, un paso decisivo en el fortalecimiento del Estado monárquico centralizado. En lo económico, las cuantiosas confiscaciones de bienes de los presos —un tercio para la Corona, otro para obras pías y otro para el propio Santo Oficio— añadían un incentivo material al celo inquisitorial.

El desarrollo de la Inquisición española siguió varias fases. En una primera etapa, entre 1480 y 1500, el tribunal se centró en consolidar su autoridad, estableciendo sedes en Castilla, Aragón y Navarra. A medida que el aparato se profesionalizaba, se incorporaron oficiales letrados y alguaciles especializados, y surgieron redes de informantes urbanos y rurales encargados de detectar faltas por pequeños indicios: una reunión familiar en hebreo, la posesión de un amuleto o el intercambio de libros sin licencia. Esta granularidad permitió que la Inquisición penetrara en el día a día de comerciantes, jornaleros y clérigos, imponiendo una disciplina social y un clima de autocensura.

En una segunda fase, durante el siglo XVI, la expansión ultramarina llevó el modelo inquisitorial al Nuevo Mundo. Los tribunales de México y Lima adaptaron procedimientos peninsulares a realidades locales: utilizaron lenguas indígenas en los interrogatorios y requirieron el apoyo de autoridades civiles para confiscar bienes que, en muchas ocasiones, financiaron obras de caridad en esas mismas provincias. Además, la Inquisición intervino en disputas territoriales y pleitos de encomenderos, ampliando su rol más allá de lo puramente confesional.

Una tercera fase, en los siglos XVII y XVIII, se caracterizó por el desgaste institucional. La frecuencia de autos de fe disminuyó, pero su carácter ritual creció: se convertían en espectáculos de reafirmación social que reforzaban alianzas entre la Corona y el clero. La publicación del Índice de libros prohibidos y la figura del censor eclesiástico asumieron mayor protagonismo, ahogando la circulación de ideas humanistas y científicas. Frente a esto, surgieron corrientes de pensamiento crítico dentro de la propia Iglesia y, bajo presiones ilustradas, la Inquisición comenzó a etiquetar a liberales, masones y autores extranjeros como nuevos enemigos de la fe.