Lawfare
El término “lawfare” es un concepto político relativamente nuevo. Se refiere a la guerra jurídica. Una traslación de la violencia y la guerra más genuina, pero en el ámbito de las democracias liberales con un uso abusivo de la ley.
Lawfare
Para entender el concepto del lawfare, ante todo debemos tener en cuenta que es una guerra jurídica que se hace en contra de un político o partido político (adversario político en general). Se suele hacer referencia a que es una judicialización de la política, aunque tal concepción podría llevarnos a conclusiones equívocas. Pues el derecho es una parte de la política. La política no podría entenderse sin el derecho, sin la filosofía, sin la sociología, etcétera. Si existe un uso incorrecto de la política, como por ejemplo, el intento de legislar un hecho constitutivo ilegal, ¿cómo no va a entrar el derecho? Por eso es mejor referirnos al lawfare como una guerra jurídica, de la legislación, en tanto en cuanto se hace un uso abusivo e inmoral del derecho. Es importante resaltar aquí, que cuando -por ejemplo- un tribunal constitucional declara inconstitucional una legislación o cuando por una acción o conducta ilegal de algún político se le juzga, nada tiene que ver con el lawfare, sino con el normal funcionamiento del Estado de derecho.
El término aparece por primera vez en 1975 a manos de John Carlson y Neville Thomas Yeomans en una denuncia del utilitarismo y el técnico ordenamiento jurídico de las democracias liberales occidentales contra el humanismo de los sistemas políticos orientales. Más tarde, en 2009 apareció un artículo de Chales J. Dunlap. Jr., que más propiamente tiene que ver con el término moderno, en base al conflicto entre Israel y Hamás.
El lawfare, es el método moderno de continuación de la guerra convencional pero dentro de los tribunales tanto nacionales como internacionales. En el ámbito internacional sobre todo, aquello que en la mayoría de ocasiones o no se puede conseguir en el campo de batalla o bien es demasiado costoso, puede conseguirse en los tribunales u organismos internacionales, tales como la Organización de las Nacionales Unidas, el Tribunal Penal Internacional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo. Por tanto, todos los medios tanto legítimos como ilegítimos, tanto morales como inmorales, tanto legales como ilegales para poder utilizar el derecho y la justicia para producir un resultado en la política y en la sociedad, estarán servidos.
Hybrid War
El lawfare, pues, es el uso abusivo e ilegítimo del derecho para la desacreditación y el rechazo de un político, partido político, actor político y/o social para producir un resultado de cambio político y/o social que se corresponda con el propio interés. El lawfare utiliza los recursos judiciales para manipular la política. Se instrumentaliza o se judicializa la política pero siempre desde un uso abusivo. Porque la política siempre ha de estar judicializada, al margen de lo que opinan algunos políticos o analistas. La política no puede campar a su anchas legislando aquella legislación que incluso sea contraria a la Constitución Española, por ejemplo. Por eso, la judicialización de la política es legítima, pero no la politización de la justicia, pues en este caso atentaría contra la separación de poderes. Efectivamente, la separación de poderes como uno de los máximos principios liberales, al igual que el Estado de derecho, de ahí, que la política deba judicializarse.
Pero, ¿qué instrumentos utiliza el lawfare? Este abuso ilegítimo del uso del derecho se puede implementar a través de varios canales. El más útil es el del control del poder judicial y el del tribunal constitucional. Si se tienen integrantes afines a una causa concreta dentro de los órganos y/o instituciones con capacidad de impartir justicia, el lawfare será posible. También a través de la información. Una información controvertida y presuntamente ilegal puede activar el lawfare. Pero claro, no quiere decir que tal información sea cierta. Por ello, los medios de comunicación, los espionajes -que sumados a los simpatizantes afines en la justicia-, pueden hacer que se criminalice a un o varios adversarios políticos para proceder a un juicio social sin tener en cuenta la presunción de inocencia. Una vez que este adversario, finalmente sea absuelto, quedará un remanente social de culpabilidad.
El mayor problema al que nos enfrentamos es que no queda claro qué es y qué no es lawfare. Porque como se ha mencionado la judicialización de la política es necesaria, al menos en nuestras democracias liberales. Lo que no es admisible es el uso abusivo e ilegítimo de ésta. No sabemos qué de manipulación existe cuando se criminaliza o se imputa a un adversario político. No sabemos si es en base a derecho o no. Por ello hemos de estar pendientes y alertas, ni criticando ni juzgando socialmente en exceso cualquier noticia susceptible de delito, ni olvidando la falsa imputación o la absolución de aquél o aquella que sufrió el lawfare. Y para eso, los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad.
Pero sobre todo, lo más relevante y efectivo al respecto, es una completa separación de poderes donde únicamente se busque la consecución de la justicia de acorde al derecho estableciendo y legítimamente conformado. Tanto las fakes news como los jueces y magistrados corruptos deberían quedar desacreditados si por el contrario existen unas instituciones legítimas capaces de contrarrestar la ofensiva de la guerra jurídica.
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