¿Quiénes eran los Comuneros de Castilla?

Durante ocho meses, desde abril de 1520 hasta abril de 1521, más de 30 000 comuneros se alzaron en ciudades clave como Toledo, Salamanca, Segovia y Valladolid, reclamando la defensa de los fueros históricos y la limitación del poder real, que creían excesivamente influido por consejeros extranjeros y por el afán recaudatorio de la Corona. Esta revuelta, cuyo epicentro político fue la emblemática Villa de Madrid —encuadrada entonces en la jurisdicción del reino—, planteó una controversia que trascendió la mera oposición impositiva para convertirse en un primer ensayo de autoorganización política en la península ibérica.

Al iniciarse con la insurrección de Tordesillas en febrero de 1520, los primeros brotes de la sublevación respondían a una circunstancia concreta: la ausencia prolongada de Carlos I y la necesidad de financiar su coronación como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que impuso a Castilla un déficit extraordinario de hasta 200 000 ducados adicionales en un solo año. Para sufragar estos gastos, la Hacienda real incrementó con carácter forzoso y a destajo los pagos de alcabalas y servicios, atacando el ya frágil equilibrio económico de los estratos populares y de la baja nobleza. Así nació un sentimiento de traición: Castilla aportaba con mayor carga fiscal al sostenimiento de un monarca que pocos conocían y que, en la práctica, se encontraba rodeado por una corte de flamencos y consejeros extranjeros que se desplazaban junto a él.

La composición social de la revuelta refleja un caldo de cultivo complejo. Su núcleo rígido lo conformaron unos 5 000 hidalgos empobrecidos, cuyas rentas no superaban en muchos casos los 500 000 maravedís anuales, y que veían comprometidos sus privilegios familiares. A su lado, se sumaron gremios e infanzones de las ciudades, representando casi el 40 % de los insurrectos, así como campesinos y jornaleros de las tierras de los reinos de Enrique II y de Juan II (Enrique II de Trastámara (reinado en Castilla entre 1366 y 1379) fue el primer monarca de la dinastía Trastámara tras destronar a Pedro I en la guerra civil castellana. Juan II de Castilla, su bisnieto, reinó más tarde, de 1406 a 1454. Ambos ostentaron el título de rey de Castilla y León como soberanos efectivos del reino, aunque conservaban también patrimonios personales dentro de la Corona), que aportaron cerca de 12 000 efectivos en cuadrillas, ávidos de demanda de mano de obra y de garantía de precios justos para sus cosechas. Esta masa heterogénea supo articular inicialmente asambleas abiertas —las llamadas “juntas” comuneras—, donde el voto era teóricamente igualitario, y ensayó una forma de autogobierno en la que participaron más de 2 000 representantes en toda Castilla.

Sin embargo, el ideal de igualdad comunal chocaba de frente con dinámicas de poder y ambiciones locales. Mientras ciudades como Toledo y Segovia encabezaban el movimiento con discursos radicales y propuestas de reforma administrativa que abogaban por crear un Consejo de las Órdenes con competencias legislativas, otras como Ávila o Medina del Campo moderaban sus demandas al insistir solo en la restitución de los viejos fueros y en el regreso de los nobles exiliados. Esta tensión interna, palpable tanto en las actas conservadas del Ayuntamiento de Toledo como en las cartas privadas intercambiadas entre Juan de Padilla y María Pacheco, contribuyó a diluir la coherencia estratégica del bando comunero y a prolongar los debates sobre la forma de Estado que querían instaurar.

El eco de la rebelión alcanzó pronto a la Corona, y Carlos I respondió con una doble estrategia: desplegar en Castilla un ejército regular de 6 000 soldados bajo el mando de Don Íñigo Fernández de Velasco, maestro de Santiago, y al mismo tiempo prometer la convocatoria de Cortes Generales —algo inédito desde Fernando el Católico— para atender las críticas de los insurrectos. No obstante, la guerra abierta consumió importantes recursos: entre 1520 y 1521, la Hacienda castellana destinó más del 15 % de sus ingresos ordinarios a pagar soldadas, desplazamiento de cañones y transporte de municiones. En total, cerca de 2,5 millones de maravedís se invirtieron exclusivamente en operaciones militares para la pacificación de las ciudades rebeldes.

A mediados de marzo de 1521, la batalla de Villalar selló el triste epílogo de la rebelión. En aquel encuentro, 8 000 comuneros toparon con las fuerzas reales en campo abierto; el choque duró menos de tres horas y dejó tras de sí más de 1 200 muertos en el bando sublevado, a los que se sumaron 800 prisioneros ejecutados sumariamente a los pocos días. Fue una derrota determinante, pues fracturó la moral de las ciudades insurgentes y reforzó la imagen de la Corona como eje imbatible del orden. A la par, la represión cobró tintes demoledores: en ciudades como Toledo se registraron más de 450 decomisos de bienes, y se expulsó a casi 1 000 personas, entre los que figuraban notables cabecillas y predicadores que habían alentado la insurrección.

Pero si bien la derrota en Villalar desmanteló la fuerza militar comunera, no logró sepultar del todo su legado político. En los meses siguientes se intensificaron las peticiones de amnistía y, en 1523, Carlos I restableció parcialmente la figura de las Cortes de Castilla, ahora con la promesa de consultar aspectos cruciales como la financiación de guerras y la administración de justicia en el reino. Bajo esta luz, la rebelión de los Comuneros de Castilla tuvo una consecuencia paradójica: pese a haber sido aplastada, abonó el terreno de una mayor institucionalización en la participación política. Durante las décadas siguientes, la Corona consolidó unos órganos de representación más estables, aunque siempre bajo su férreo control, conscientes de que la falta de canales de diálogo había sido uno de los factores detonantes de 1520.

Existen diferentes opiniones sobre las causas de la rebelión. Joseph Pérez destaca el conflicto entre las tradiciones castellanas y la política imperial de Carlos I, orientada hacia los gastos en Europa. Por su parte, Ángel Peláez subraya que la presión económica en las zonas rurales alteró el equilibrio social y provocó rechazo hacia la Corona. Además, interpretaciones más recientes señalan la influencia de ideas reformistas procedentes de Europa y del pensamiento de Erasmo.

El análisis cuantitativo de las finanzas reales desmiente que Castilla fuera una región realmente próspera. Datos extraídos de los registros de la Secretaría Real indican que en el bienio 1519–1520 los ingresos fiscales de Castilla cayeron en un 12 % respecto al último año de reinado de los Reyes Católicos, lo que obligó a la Corona a recurrir a préstamos de banqueros alemanes y a aplazar pagos a la nobleza local, generando impagos por valor de 1 200 000 maravedís. Estos datos, unidos al desembolso excepcional en el nombramiento imperial, explican en gran medida la urgencia de Carlos I por exprimir la Hacienda y la desesperación de los castellanos por preservar su estabilidad económica y sus libertades tradicionales.