Los juicios de Núremberg, juicio al nazismo

Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el mundo se enfrentó a una pregunta aterradora: ¿cómo se podía hacer justicia ante una escala de maldad tan sistemática e industrializada? No se trataba solo de castigar a los culpables de una guerra devastadora, sino de juzgar una ideología, el nazismo, que había profanado los cimientos mismos de la civilización. Este proceso judicial no fue una mera venganza, sino el primer y más ambicioso intento de la humanidad por someter el poder estatal absoluto al imperio de la ley, sentando un precedente que resuena hasta nuestros días.

Cuando las armas finalmente cayeron en Europa en mayo de 1945, dejaron al descubierto un paisaje de ruina física y moral sin parangón. Las ciudades estaban en escombros, millones de vidas se habían perdido en los campos de batalla y, lo más espeluznante, la liberación de los campos de concentración reveló la verdad del Holocausto. El mundo contempló con horror las imágenes de Auschwitz, Dachau y Bergen-Belsen, pruebas irrefutables de un genocidio planificado con una eficiencia burocrática escalofriante. Ante esta revelación, las propuestas iniciales de algunos líderes aliados, como la sugerencia de Winston Churchill de ejecutar sumariamente a los principales líderes nazis, parecieron insuficientes. Hacía falta algo más que un castigo; se necesitaba un proceso que documentara, juzgara y condenara públicamente no solo a los hombres, sino al sistema criminal que habían creado. Fue la insistencia de los Estados Unidos, particularmente del secretario de Guerra Henry Stimson y del presidente Harry S. Truman, la que impulsó la idea de un juicio formal. Argumentaban que un proceso legal transparente sería la mejor arma para deslegitimar el nazismo para siempre, creando un registro histórico irrefutable de sus crímenes y estableciendo un nuevo estándar de justicia internacional.

El desafío era monumental. No existía un tribunal mundial ni un código penal internacional para juzgar crímenes de tal magnitud. La solución fue la creación, mediante la Carta de Londres firmada el 8 de agosto de 1945 por las cuatro potencias aliadas (Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y Francia), del Tribunal Militar Internacional (TMI). Este acto fue en sí mismo revolucionario. La Carta estableció la jurisdicción del tribunal sobre cuatro tipos de crímenes. El primero, los crímenes contra la paz, se refería a la planificación y ejecución de una guerra de agresión, un concepto novedoso que buscaba penalizar el acto mismo de iniciar una guerra injustificada. El segundo, los crímenes de guerra, ya tenía cierto fundamento en convenciones anteriores como las de La Haya y Ginebra, pero en Núremberg se aplicó a una escala masiva, abarcando el asesinato de prisioneros, el saqueo y la destrucción sin sentido. El tercero, y quizás el más trascendental, fue la tipificación de los crímenes contra la humanidad. Este nuevo cargo permitía enjuiciar el exterminio, la deportación y la persecución de civiles por motivos políticos, raciales o religiosos, incluso si se cometían dentro de las propias fronteras de un país, rompiendo así el velo de la soberanía nacional que tradicionalmente protegía a los gobiernos de la interferencia externa. Finalmente, se estableció el cargo de conspiración para cometer cualquiera de los crímenes anteriores, lo que permitió procesar a las organizaciones del estado nazi, como las SS o la Gestapo, como entidades criminales en sí mismas.

La elección de la ciudad de Núremberg como sede del juicio estuvo cargada de simbolismo. Esta ciudad bávara había sido el epicentro ceremonial del Partido Nazi, el lugar donde se celebraban los grandiosos congresos anuales y donde, en 1935, se promulgaron las infames Leyes de Núremberg, que despojaron a los judíos alemanes de su ciudadanía y sus derechos. Celebrar el juicio en el Palacio de Justicia de esta ciudad, uno de los pocos edificios grandes que quedaba en pie, era una forma de que la justicia se impusiera en el mismo lugar donde se había glorificado la tiranía.

La sala 600 de ese palacio se convirtió en el escenario donde se sentaron en el banquillo 22 de los más altos jerarcas nazis capturados, una galería de figuras que incluía a Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe y sucesor designado de Hitler; Rudolf Hess, lugarteniente del Führer; Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores; y Albert Speer, el arquitecto del Reich. Frente a ellos, un equipo de fiscales de las cuatro potencias, liderado por figuras como el juez de la Corte Suprema de EE. UU., Robert H. Jackson, quien en su discurso de apertura pronunció palabras que definirían el propósito del juicio: «El hecho de que estas cuatro grandes naciones, henchidas por la victoria e irritadas por la ofensa, refrenen la mano de la venganza y sometan voluntariamente a sus enemigos cautivos al juicio de la ley, es uno de los tributos más significativos que el Poder ha rendido jamás a la Razón».

El desarrollo de los juicios de Núremberg: Un teatro para la historia

El juicio principal comenzó el 20 de noviembre de 1945 y se prolongó durante casi un año, hasta el 1 de octubre de 1946. Fue un proceso meticuloso y, en muchos aspectos, innovador. Se implementó un sistema de traducción simultánea en cuatro idiomas (inglés, francés, ruso y alemán) por primera vez en la historia, permitiendo que el proceso fluyera con una eficiencia notable. La fiscalía construyó su caso no tanto en testimonios de testigos, aunque hubo más de 240, sino en la abrumadora evidencia documental que los propios nazis habían generado. La burocracia alemana, conocida por su minuciosidad, se convirtió en la principal prueba de cargo contra el régimen. Se presentaron miles de documentos firmados, órdenes, memorandos y actas de reuniones que detallaban con una frialdad espeluznante la planificación de la guerra y la ejecución del Holocausto. Este «rastro de papel» hizo casi imposible para los acusados negar su conocimiento o participación.

El impacto emocional del juicio, sin embargo, provino de las pruebas visuales y los relatos de los supervivientes. Por primera vez, se proyectaron en una sala de justicia películas filmadas por los propios soldados aliados durante la liberación de los campos de concentración. Las imágenes de fosas comunes, de prisioneros esqueléticos y de las cámaras de gas dejaron a la sala en un silencio sepulcral. Incluso los acusados, que hasta entonces habían mostrado una actitud desafiante, no pudieron ocultar su conmoción. Los testimonios de supervivientes como Marie-Claude Vaillant-Couturier, quien describió con detalle las condiciones en Auschwitz, pusieron un rostro humano al sufrimiento abstracto de los seis millones de judíos y otras minorías asesinadas. La defensa de los acusados se basó principalmente en dos argumentos. El primero fue que no eran responsables, ya que simplemente seguían órdenes de una autoridad superior (Befehl ist Befehl), un argumento que el tribunal rechazó de plano, estableciendo el principio de que la responsabilidad individual no puede ser eludida por órdenes ilegales. El segundo fue que el tribunal no tenía jurisdicción, ya que las leyes que se les aplicaban eran ex post facto, es decir, creadas después de cometidos los hechos. Aunque este punto generó un debate legal considerable, el tribunal sostuvo que los actos cometidos eran tan atroces que violaban principios fundamentales de justicia reconocidos por todas las naciones civilizadas.