¿Quiénes son los agentes migratorios de EEUU?
Los agentes migratorios de EEUU se han convertido en una figura central y profundamente polarizante en el imaginario colectivo, especialmente tras el giro drástico en las políticas de la administración Trump.
Agentes migratorios arrestando a una persona en New York
Lejos de ser un cuerpo monolítico, estos agentes pertenecen a distintas agencias con mandatos diferentes, pero su visibilidad y sus acciones se intensificaron hasta convertirse en el epicentro de un debate nacional sobre seguridad, derechos humanos y la identidad misma de Estados Unidos. Para millones de inmigrantes, su presencia pasó de ser un riesgo burocrático a una amenaza tangible y cotidiana. Pero, ¿quiénes son exactamente? ¿Cómo operan y qué límites legales enfrentan?
Para comprender el panorama actual, es crucial entender que la estructura moderna de los agentes migratorios nació de las cenizas del 11 de septiembre de 2001. Con la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) fue desmantelado y sus funciones se dividieron, creando una arquitectura de control mucho más enfocada en la seguridad nacional que en la simple administración de la inmigración. Esta reestructuración dio a luz a dos gigantes que hoy dominan el escenario: CBP y, sobre todo, ICE.
La anatomía del control: diferenciando a los agentes migratorios
Cuando la gente habla de «agentes migratorios», generalmente se refiere a dos agencias principales, aunque sus roles son distintos. La primera es la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Estos son los agentes uniformados de verde (la Patrulla Fronteriza) que vigilan las vastas extensiones de tierra entre los puertos de entrada y los agentes de azul en los aeropuertos y cruces fronterizos. Su jurisdicción, sin embargo, es alarmantemente amplia: la CBP reclama autoridad legal para operar dentro de un radio de 100 millas (160 km) de cualquier frontera exterior de EEUU, una zona que incluye a dos tercios de la población total del país.
Sin embargo, la agencia que se convirtió en sinónimo de las políticas de línea dura y del miedo en las comunidades de inmigrantes es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ICE es el brazo de aplicación de la ley dentro del territorio estadounidense. Es fundamental entender que ICE se subdivide en dos ramas principales. Por un lado, están las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que persiguen delitos transnacionales graves como el tráfico de drogas, armas y personas, o el lavado de dinero. Pero el rostro público de la controversia, el que lleva a cabo las acciones que el público asocia con la «caza de inmigrantes», es la rama de Operaciones de Detención y Deportación (ERO).
Los agentes de ERO son los encargados de identificar, detener y, en última instancia, deportar a los individuos que han violado las leyes de inmigración de EEUU. Son ellos quienes visten chalecos con la palabra «POLICE» o «ICE» en letras grandes, quienes realizan redadas en lugares de trabajo y quienes ejecutan las órdenes de deportación. La distinción entre HSI y ERO es crucial, ya que la administración Trump fue acusada de difuminar deliberadamente estas líneas, utilizando recursos destinados a la seguridad nacional para la aplicación de leyes de inmigración civil.
El «efecto Trump»: la transformación de los agentes migratorios
La llegada de Donald Trump a la presidencia en 2017 no creó a los agentes migratorios, pero sí desató su poder de una manera sin precedentes. Administraciones anteriores, incluida la de Obama (apodado por algunos activistas como el «Deportador en Jefe»), también realizaron deportaciones masivas. Sin embargo, la política de Obama, al menos en teoría, se centraba en la priorización: el infame memorando de «felons, not families» (delincuentes, no familias) instruía a los agentes a centrarse en individuos con antecedentes penales graves.
La administración Trump eliminó estas prioridades de un plumazo. A través de una serie de órdenes ejecutivas emitidas en enero de 2017, el nuevo gobierno declaró que prácticamente cualquier inmigrante indocumentado era un objetivo prioritario para la deportación. Esto tuvo un efecto psicológico y práctico inmediato: los agentes de ICE ERO, que según algunos informes se sentían «esposados» bajo Obama, ahora se sentían «liberados». El objetivo ya no era solo el «criminal convicto»; era el padre de familia que llevaba décadas en el país sin antecedentes penales, el estudiante DACA cuya protección estaba en el limbo, o la persona que simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado.
Fue entonces cuando las acciones específicas, la «maquinaria» de la deportación, se hicieron visibles. Las redadas en lugares de trabajo, que habían disminuido, regresaron con fuerza. Un precedente notorio fue la redada masiva en siete plantas procesadoras de alimentos en Mississippi en agosto de 2019, donde casi 700 trabajadores fueron detenidos en un solo día, muchos de ellos dejando atrás a niños pequeños en sus casas o escuelas. Estas operaciones no eran sutiles; eran demostraciones de fuerza diseñadas para ser altamente visibles y disuasorias. Los agentes de ERO utilizaban tácticas de «control y cerco», bloqueando salidas mientras verificaban la documentación de cada empleado.
Los precedentes de estas acciones no se limitaron a las redadas. Los agentes de ICE ERO comenzaron a implementar lo que los abogados y activistas llamaron «arrestos colaterales»: ir a una casa en busca de un individuo específico (el «objetivo»), pero detener a cualquier otra persona indocumentada que encontraran en el proceso. Quizás la táctica más controvertida fue la vigilancia y detención en «lugares sensibles» o cerca de ellos, como juzgados, escuelas e iglesias. Aunque ICE mantenía una política oficial que desaconsejaba las detenciones en lugares de culto o escuelas, la mera presencia de vehículos de ICE en los estacionamientos de los juzgados tenía un efecto paralizante, impidiendo que los inmigrantes (incluso víctimas de delitos) buscaran justicia por miedo a ser detenidos.
Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de EEUU en un discurso a los agentes federales, enero 2025
«La caza de inmigrantes»: resistencia en las calles
La intensificación de estas tácticas y la retórica que las acompañaba, que a menudo calificaba a los inmigrantes de «invasores» o «criminales», generó una reacción social masiva. El término «caza de inmigrantes» (o migrant hunt), antes relegado a círculos activistas, entró en el léxico popular para describir lo que muchos veían como una persecución deshumanizada. Las protestas estallaron en todo el país, pero tomaron una forma nueva y más directa.
El movimiento «Abolish ICE» (Abolir ICE) cobró fuerza, pasando de un eslogan de la izquierda radical a un tema de debate en el Congreso de los Estados Unidos. Los ciudadanos comenzaron a usar sus teléfonos para grabar las acciones de los agentes migratorios, a menudo transmitiendo en vivo mientras los agentes realizaban detenciones.
En numerosas ocasiones, en ciudades como Chicago y Los Ángeles, los manifestantes se enfrentaron físicamente a los agentes, bloqueando vehículos de ICE con sus propios cuerpos para impedir que se llevaran a miembros de su comunidad. En algunos casos, la policía local fue llamada, creando un tenso enfrentamiento entre las fuerzas del orden locales y federales.
Esta resistencia también se manifestó a nivel institucional. El conflicto entre los agentes migratorios federales y las llamadas «ciudades santuario» se convirtió en una batalla legal y política de primer orden. Ciudades como San Francisco, Nueva York y Chicago adoptaron políticas que prohibían a su policía local preguntar sobre el estatus migratorio o cooperar con las solicitudes de detención de ICE (conocidas como detainers), argumentando que esta cooperación erosionaba la confianza de la comunidad y hacía más difícil la lucha contra el crimen. La administración Trump respondió intentando retener fondos federales a estas jurisdicciones, una acción que, a su vez, fue inmediatamente impugnada en los tribunales.
Esta «caza de inmigrantes» no era solo una percepción activista; la propia administración admitió que sus tácticas se endurecían. En un momento dado, funcionarios de ICE declararon que, debido a la falta de cooperación de las ciudades santuario, se veían «obligados» a realizar más detenciones «en general» en comunidades y lugares de trabajo, lo que inevitablemente aumentaba la captura de inmigrantes sin antecedentes penales. Los críticos argumentaron que esto era una forma de castigo colectivo contra las jurisdicciones que desafiaban la agenda federal.
El campo de batalla legal: ¿son legales estas acciones?
Aquí es donde el artículo entra en su fase más crítica y minuciosa. La estrategia de la administración Trump no fue solo implementar políticas duras, sino también desafiar los límites fundamentales del poder ejecutivo y la supervisión judicial. Casi todas las acciones significativas de los agentes migratorios durante este período terminaron en un tribunal federal, con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones legales librando una guerra de desgaste legal.
El episodio que mejor encapsula el conflicto legal de la era Trump fue el desafío directo de la administración a la autoridad judicial. En un caso asombroso en 2020, la administración Trump intentó deportar a un grupo de migrantes a El Salvador invocando una ley arcaica y casi nunca utilizada: la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 (Alien Enemies Act). Esta ley, firmada por John Adams, permite al presidente detener y deportar a ciudadanos de un país con el que EEUU está «en guerra». La administración argumentó que la «invasión» de pandillas como la MS-13 constituía un estado de hostilidad que justificaba su uso.
Cuando un juez federal del Distrito de Columbia emitió una orden de emergencia bloqueando estos vuelos de deportación mientras se revisaba la legalidad de usar una ley de guerra en tiempos de paz, la administración Trump desafió abiertamente la orden judicial. Los vuelos despegaron de Texas con los migrantes a bordo después de que la orden del juez fuera emitida. Este acto fue un desafío constitucional directo, una declaración de que el poder ejecutivo, en asuntos de inmigración y seguridad nacional, podía operar por encima del poder judicial.
A nivel del suelo, la legalidad de las acciones diarias de los agentes migratorios también fue cuestionada. Un problema persistente fue el uso de órdenes de arresto administrativas en lugar de órdenes judiciales. Una orden judicial es firmada por un juez federal tras demostrar causa probable. Una orden administrativa es emitida internamente por ICE. Durante años, los tribunales han dictaminado que los agentes de ICE no pueden entrar legalmente a una casa basándose únicamente en una orden administrativa; necesitan consentimiento o una orden judicial. Sin embargo, innumerables informes y demandas alegaron que los agentes de ERO usaban el engaño o la intimidación (a veces haciéndose pasar por policías locales) para ganar acceso a los hogares, una práctica que los tribunales han condenado repetidamente.
En conclusión, los agentes migratorios de EEUU, especialmente los de ICE ERO, fueron la punta de lanza de una estrategia política deliberada bajo la administración Trump para transformar fundamentalmente la aplicación de la ley de inmigración. Pasaron de ser una agencia de aplicación de la ley con prioridades, a una fuerza de deportación generalizada. Sus acciones, aunque justificadas por la administración como necesarias para la «ley y el orden», fueron vistas por millones como una «caza de inmigrantes» que aterrorizaba a las comunidades.
Bibliografía Académica
Para la elaboración de este artículo se han consultado conceptos y datos provenientes de informes de organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) y el American Immigration Council, así como principios establecidos en los siguientes trabajos académicos de referencia:
- Abramowitz, Alan I. (2018). The Great Alignment: Race, Party Transformation, and the Rise of Donald Trump. Yale University Press.
- Ackerman, Spencer. (2021). Reign of Terror: How the 9/11 Era Destabilized America and Produced Trump. Penguin Publishing Group.
- Capps, R., Hipsman, F., & Meissner, D. (2017). «La política migratoria de Trump: antecedentes y consecuencias para los migrantes mexicanos y sus comunidades». En Migration Policy Institute (MPI).
- Chomsky, Aviva. (2018). Undocumented: How Immigration Became Illegal. Beacon Press.
- Heredia Zubieta, Carlos, et al. (2020). Geopolítica en los tiempos de Trump: política internacional y aspectos institucionales de la relación México-Guatemala. El Colegio de la Frontera Sur.
- Ngai, Mae M. (2004). Impossible Subjects: Illegal Aliens and the Making of Modern America. Princeton University Press.
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